Por Jorge Raventos
Mientras persigue, detiene o secuestra opositores y amenaza con encarcelar a sus líderes, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro sigue sin poder siquiera urdir un simulacro para sostener su versión sobre el resultado electoral del domingo 28 de julio.
Negociación y lucha
Es improbable que María Corina Machado, la lúcida y corajuda conductora de la oposición venezolana, afrontara ingenuamente la exigente empresa de desafiar al régimen que se resume en la cara de Maduro. Los vehementes opinadores que condenan desde lejos al gobierno de quien se dice “hijo del comandante Hugo Chávez” y objetaron implícitamente como un exceso de credulidad la perspectiva de desplazarlo por la vía electoral difícilmente puedan competir con el conocimiento y la experiencia de la señora Machado sobre la perfidia del sistema venezolano o sobre la violencia que es capaz de ejercer.
Presentarse al comicio del último domingo pese a las arbitrariedades, las proscripciones, las maniobras discrecionales, los actos de fuerza del gobierno de Maduro no fue una decisión candorosa, sino una apuesta estratégica, en la que lucha y negociación están complementariamente unidas, como el yin y el yang.
La oposición ya había probado diferentes tácticas infructuosas, incluido el remedo de un presidente paralelo; ahora necesitaba, en primera instancia, consolidar un gran movimiento de unidad y una autoridad genuina para ahondar el aislamiento del régimen, tanto de sus respaldos regionales como, eventualmente, de sus apoyos internos y de la correlación entre ambos planos.
La visión de la señora Machado confía en que ahora la oposición queda políticamente en mejores condiciones de lucha y que más temprano que tarde el régimen tendrá que sentarse a negociar una retirada.
Acuerdos convertidos en letra muerta
Conseguir que se llegara a la elección, por otra parte, ya había sido una primera victoria. El régimen tuvo que comprometerse a cumplir ciertas reglas. Y romper esas reglas supone una erosión. En octubre del año último el gobierno de Maduro y la plataforma opositora suscribieron en Bridgetown (Barbados), ante representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, acuerdos sobre la realización de comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024 con.garantías electorales para todos.
Maduro fue ablandado con ventajas que ofreció la administración de Estados Unidos. Entre otras cosas, se suavizaron sanciones que pesaban sobre exportaciones de energía y minerales de Venezuela en un momento de graves dificultades económicas del régimen.
Aunque entre los puntos pactados se encontraba el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las presidenciales, ya en octubre el gobierno incumplió ese punto y se negó a reconocer la candidatura presidencial de María Corina Machado, electa en una masivo comicio interno de la oposición. También sería proscripta la persona que fue designada para reemplazarla. Finalmente surgió la figura de un veterano diplomático, Edmundo González, que terminaría encabezando la boleta opositora el domingo 28 de julio. Nadie ignoraba a esa altura la voluntad del régimen de rechazar cualquier resultado de la elección que no fuese la victoria de Maduro: “El gobierno ha violado los acuerdos de Barbados y los ha convertido en letra muerta”, declaró González.
Como lo había previsto la señora Machado, la elección del último domingo fue masiva. La decadencia y el desbarajuste económicos provocados por el régimen han causado la decepción y el alejamiento de los núcleos populares que sostuvieron el chavismo original, y el gobierno de Maduro fue asumiendo una deriva cada vez más autoritaria sostenida exclusivamente por la fuerza y controlada por la corporación militar. La oposición se nutre de miles de exchavistas hastiados y rebelados contra una miseria creciente.
Así se llegó a la elección del domingo 28 de julio. El gobierno perturbó la fiscalización opositora, ocultó las cifras del comicio, no permitió la verificación independiente, impidió que los fiscales opositores controlaran infinidad de sitios de votación y también el acceso de sus supervisores técnicos al lugar donde el alegadamente independiente Consejo Nacional Electoral recibiría los datos electrónicos de la jornada. Ya había rechazado antes la presencia de observadores neutrales (¡hasta vetaron el viaje de Alberto Fernández!). El prestigioso Centro Carter, que tuvo veedores en Venezuela, declaró que “el proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.
Sin ofrecer sustento analizable, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a la medianoche del domingo. La oposición, que había logrado agenciarse de un porcentaje alto de actas de la votación, las publicó demostrando que contaba con una ventaja abrumadora de González sobre Maduro, y reclamó que éste–cuya proclamación rechazó- exhibiera las suyas ante veedores independientes.
Lo mismo que la oposición exigieron –en diversos tonos-, desde el presidente chileno Gabriel Boric, hasta los de Colombia, Brasil y Méjico, figuras del llamado progresismo continental que en circunstancias anteriores apoyaron al régimen venezolano o fueron extremadamente indulgentes con él. En este punto la estrategia de Corina Machado se evidenció exitosa, al abrir una brecha entre el régimen y gobiernos que hasta ahora solo se habían permitido objeciones discretas. De todos modos, la presión de sus amigos menos dóciles no consiguió alterar la conducta tan autoritaria como desprolija del gobierno de Maduro, que sólo parece querer ganar tiempo, quizás para fabricar de apuro actas ficticias que le sirvan para tratar de conformarlos.
Argentina, Brasil y Venezuela
Javier Milei optó por una postura testimonial, que lo habilita a la frontalidad con la que se siente a gusto. Dos horas antes de que los opositores mostraran sus propias cifras, Milei ya daba por electoralmente derrotado a Maduro y le reclamaba: “Dictador, afuera”. También criticó ácidamente a los presidentes progresistas de la región (entre ellos al “comunista” Lula) que le reclamaban a Maduro pruebas verificables de sus afirmaciones triunfalistas. Quizás no reparó en que, a esa altura, la posición de esos presidentes coincidía con la de Washington y con la de los líderes opositores venezolanos. “Da la impresión de que el Presidente cree interpretar el punto de vista de la oposición venezolana mejor que esa misma oposición”, comentó mordazmente Carlos Pagni en La Nación.
Sin embargo, Milei mostraría su pragmatismo dos días más tarde cuando agradeció “enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela” y “la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí.” Lo cierto es que el gobierno de Lula actuó con decisión ante un pedido argentino para resolver la situación de acoso que el régimen de Maduro impuso a la sede diplomática nacional, en la que hace más de un mes habían encontrado refugio opositores perseguidos por la represión.
Si se quiere, Maduro consiguió acercar a Argentina y Brasil, cuyos intereses se fortalecen cuando actúan juntos. La realidad se impone al ideologismo.
Riesgos del ideologismo
El ideologismo de Axel Kicilof produjo consecuencias indeseadas para Bahía Blanca. En la última semana se supo que YPF y la firma malaya Petronas decidieron situar en Río Negro, en Punta Colorada, próxima a Sierra Grande (y no en Bahía Blanca), su ambicioso proyecto de licuefacción del gas de Vaca Muerta, que implica inversiones por unos 30.000 millones de dólares.
En este espacio señalamos que la actitud de las provincias en relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones(RIGI), aprobado en la Ley de Bases, era un factor de mucha influencia para esa decisión. Mientras el gobernador rionegrino, Alberto Weretilnek, adhirió rápida y francamente a ese régimen respaldado por la virtual unanimidad de las fuerzas políticas de su provincia, el gobernador bonarense se mostró renuente y, como señalamos una semana atrás, “la provincia de Buenos Aires quedó atada a la postura política de rechazo adoptada por Unión por la Patria en el Congreso, y ese hándicap perjudica gravemente a Bahía Blanca, que ve peligrar una inversión de enorme magnitud, que implica recursos, actividad económica y empleo para la ciudad y toda la región”.
Kicilof atribuyó el revés sufrido al ideologismo, pero a un ideologismo ajeno: consideró que la decisión de YPF y Petronas no fue suscitada por motivaciones técnicas y conveniencias objetivas sino por prejuicios ideológicos y por una indicación (o una orden) del presidente Milei.
Podría alegarse que Milei le regaló ese argumento a Kicilof cuando, pocos días antes del anuncio de las empresas, entrevistado por uno de sus interlocutores periodísticos favoritos, comentó “Es obvio que la inversión va a ir hacia Río Negro. ¿Vos vas a poner plata donde está Kicillof?”.
Sin embargo es más que improbable que dos firmas de régimen privado que cotizan en la Bolsa de Nueva York y están alcanzadas por las normas que administra la SEC (Securities and Exchange Comission) se arriesguen a tomar decisiones que puedan estar basadas en consideraciones que puedan provocar perjuicios o reducir beneficios de los accionistas. Justamente para cuidar ese flanco YPF y Petronas contrataron los servicios de la prestigiosa auditora internacional Arthur D. Little, encargada de testimoniar la objetividad y transparencia del proceso de selección. Al gobernador bonaerense le resultará difícil probar su conjetura de que la elección de Punta Colorada obedeció a una orden del presidente; en el mejor de los casos sólo podrá esgrimir ese argumento como un recurso retórico de victimización.
Sin posibilidad de reelección en Buenos Aires, Kicillof piensa ya en el comicio presidencial de 2027. Con el traspié ocasionado a Bahía Blanca ha sumado una nueva carga a la pesada mochila que debe sostener hasta entonces.